15/05/2008
El Pleno del Tribunal Constitucional ha aprobado La Ley Integral de Medidad contra Violencia de Género con un pequeño margen. La propuesta de la juez del juzgado número cuatro de Murcia, por tanto, ha sido desestimada.
La mencionada juez, María Poza, entiende que esta ley vulnera la Carta Magna que establece penas más altas para el varón que para la mujer, discrimina al hombre.
Los magistrados que han votado en contra de la propuesta pertenecen todos al denominado bloque conservador y son Roberto García-Calvo, Vicente Conde, Javier Delgado, Jorge Rodríguez-Zapata y
Ramón Rodríguez-Arribas.
Por contra, han avalado la norma, la presidenta y el vicepresidente del alto tribunal, María Emilia Casas y Guillermo Jiménez, respectivamente; además de los magistrados Elisa Pérez Vela, Eugeni Gay, Pascual Sala, Manuel Aragón y Pablo Pérez-Tremps.
La jueza Poza fundamento su demanda en que el artículo 153.1 del Código Penal, que sanciona con entre seis meses y un años de cárcel a los hombres que causen a su pareja o ex pareja algún tipo de
"menoscabo psíquico", "una lesión no definida como delito", la "golpeen o maltraten", puede vulnerar el principio de igualdad de los españoles.
Así, 12 jueces de toda España han presentado 127 cuestiones a dicho artículo, al considerar que podría ir en contra del artículo 14 de la Constitución, que fija que "los españoles son iguales ante la
ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".
El Observatorio contra la Violencia Doméstica opina
Por su parte, el Observatorio contra la Violencia Doméstica del Consejo general del Poder Judicial aplaude la sentencia del tribunal Cpnstitucional.
La Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica del Consejo General del Poder Judicial, Montserrat Comas, se ha felicitado por la sentencia y ha advertido que tan sólo 16 órganos judiciales han manifestado dudas sobre esta norma.
Comas considera que la sentencia supone "un hecho histórico de extraordinaria magnitud", teniendo en cuenta que el Alto Tribunal tiene la última palabra en materia de constitucionalidad de las leyes y avala los preceptos penales modificados por la Ley.
En este sentido, advierte que la norma fue aprobada por unanimidad por el Parlamento y "ha supuesto una propuesta innovadora y firme del conjunto de las fuerzas políticas para erradicar una de las manifestaciones más brutales de la violencia contra las mujeres".
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