04/12/2007
El Tribunal Supremo ha decidido el archivo del caso de las cesiones de crédito, en el que estaba imputado el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, al considerar que no puede abrirse juicio oral sólo a instancias de la acusación popular, sino que es necesario que lo inste bien el Ministerio Fiscal bien el acusador particular.
Esta decisión podría afectar al caso del lehendakari y al proceso contra Euskaldunon Egunkaria, ya que ambos casos se encuentran en situación idéntica a la de Botín: Tan sólo la acusación popular ha solicitado la apertura de juicio oral.
Los 15 magistrados del pleno han negado la apertura de juicio en el caso de las cesiones de crédito al rechazar el recurso de casación presentado por la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes (ADIC). El contenido de la sentencia se hará público en los próximos meses.
El Supremo concluye que fue apto el archivo de la causa dictado en diciembre de 2006 por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y que determinó la imposibilidad de "abrir juicio oral sólo a instancias de la acusación popular", según el contenido del auto de resolución.
Decisión trascendente
La decisión del Supremo resulta determinante para fijar el papel de las acusaciones populares en los procesos judiciales que se tramiten por el procedimiento abreviado, alrededor del 95% en el Estado español.
La decisión podría afectar a procesos judiciales en tramitación, como el que sigue el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra el lehendakari Juan José Ibarretxe por reunirse con miembros de Batasuna, o como el abierto contra el clausurado diario Euskaldunon Egunkaria.
Los acusados en estos procesos podrán ahora argumentar la imposibilidad de abrir juicio a instancias únicas de la acusación popular.
El Gobierno vasco ha considerado hoy que la decisión del Tribunal Supremo de confirmar el archivo del 'caso Botín' demuestra que, en la decisión de abrir juicio oral contra el lehendakari, existe "un impulso político".
Jaime Tapia asegura que los jueces podrían no acatar la decisión
El lehendakari Ibarretxe, los socialistas López y Ares y los cinco miembros de Batasuna que participaron en conversaciones durante la última tregua de ETA podrían acabar, pese a todo, sentados en el banquillo. Al igual que ellos, cualquier otro encausado sin acusación del fiscal o particular, podría seguir la misma suerte.
Y es que, por un lado, para que un auto judicial cree jurisprudencia, el Supremo debe emitir dos sentencias sobre asuntos similares, en este caso, que no se puede celebrar un juicio basado sólo en la acusación popular.
Y por otro lado, como recordaba en 'Ganbara' de Radio Euskadi el portavoz de Jueces para la Democracia, Jaime Tapia, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ya ha actuado en este caso contra Ibarretxe, sin seguir los criterios de un tribunal superior, como es el Supremo.
"Puede ocurrir que no se tenga en cuenta y nadie le podrá estrictamente reprochar nada a ningún juez, pero yo creo que la segunda consideración que he hecho sobre la proyección que debe hacer una visión razonable de la función jurisdiccional obligaría a reconsiderar la decisión tomada y eventualmente reformar la decisión adoptada", ha señalado Tapia.
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