Política

JUICIO CONTRA EL LEHENDAKARI

La mayoría de los partidos, contraría a la decisión del TSJPV

30/10/2007

Atropello, juicio político, aberración jurídica y abuso de poder son algunos de los calificativos utilizados. Destacan que las reuniones con los dirigentes de la izquierda abertzale tenían como objetivo buscar la paz.

El portavoz del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, ha afirmado que la apertura de juicio oral contra, entre otros, el lehendakari, Juan José Ibarretxe, por reunirse con Batasuna, "ahonda en el descrédito de la Justicia" y que se trata de un "juicio político".

El dirigente jeltzale ha advertido de que el PNV responderá "desde herramientas legítimas y democráticas y desde el respeto y la mayor dignidad posible" a este "avasallamiento y atropello".

Ante la noticia del día, desde Eusko Alkartasuna, su secretario de organización, Rafael Larreina, ha dicho hoy que "nos hemos reunido, nos estamos reuniendo y nos seguiremos reuniendo" con Batasuna porque "nuestra obligación es ejercer el diálogo político".

Larreina ha asegurado que detrás de estos procesos "hay un impulso político claro, que pretende debilitar la apuesta por el diálogo y la apuesta del Gobierno Vasco por un nuevo marco político jurídico y por el reconocimiento del derecho de decisión".

El portavoz de la presidencia de Ezker Batua-Berdeak, Mikel Arana, ha dicho que la apertura de juicio oral "es un absurdo jurídico que responde a intereses y motivaciones de índole exclusivamente política", además de un "abuso de poder inadmisible en un Estado de Derecho".


En un comunicado, Arana ha trasladado su apoyo y solidaridad, tanto al lehendakari como a los dirigentes del PSE-EE, y ha recordado que "todos ellos se reunieron con Batasuna para avanzar hacia la paz y la normalización política".

El PSE-EE ha anunciado que pedirá el archivo de la causa contra los dirigentes socialistas Patxi López y Rodolfo Ares y ha asegurado que, en caso de que su petición no prospere, existen "razones sobradas para demostrar que no se ha cometido ningún delito" y obtener una sentencia absolutoria.


El PSE defiende, "desde el máximo respeto a las decisiones judiciales", que los dirigentes del PSE han "cumplido" con la "obligación política" que tenían de "trabajar para lograr la paz en el País Vasco".

En cambio, las declaraciones del portavoz parlamentario del Partido Popular vasco, Leopoldo Barreda, han ido en una dirección muy distinta. Barreda ha anunciado que pedirá la comparecencia de la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, para que explique su afirmación de que los jueces "han cruzado la raya" al decidir el TSJPV la apertura de juicio oral contra el lehendakari, Patxi López y Rodolfo Ares, Arnaldo Otegi, Pernando Barrena, Juan Joxe Petrikorena, Olatz Dañobeitia, y Rufi Etxeberria.

El dirigente popular ha recordado que "muchos" políticos han sido sometidos a juicio en los últimos tiempos en España y "nadie ha tenido la tentación de envolverse en la bandera del pueblo para decir que él representa al pueblo y es intocable".

Aralar considera que la apertura del juicio oral contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, los dirigentes del PSE-EE, Patxi López y Rodolfo Ares, y varios miembros de Batasuna, es el "último capítulo de la aberración jurídica que ha supuesto todo este proceso", por lo que ha abogado por "el diálogo como el único camino legítimo para la superación de conflictos".

Según han informado desde Aralar en un comunicado, en el que han mostrado su "solidaridad" con todos los acusados, la "criminalización" del diálogo supone "la criminalización de la política".

Ardanza califica la decisión de "gravísima"

Por su parte, el lehendakari José Antonio Ardanza considera un hecho "gravísimo" la decisión del magistrado del TSJPV, Roberto Sáiz, y ha dicho interpretar que, "efectivamente, detrás hay una intencionalidad política clara de desprestigiar las instituciones".

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