20/02/2007
Convocada por la asociación Egunkariaren Alde Kultur Elkartea, representantes de la mayoría de formaciones políticas, sindicatos y agentes sociales vascas ha mostrado su apoyo a los procesados por el sumario Egunkaria así como pedir el archivo de la causa.
La Audiencia Nacional ordenó hace cuatro años (el 20 de febrero de 2003) el cierre del periódico Euskaldunon Egunkaria y la detención de 10 miembros del entonces Consejo de Administración del diario.
Precisamente, hace poco más de dos meses, la Fiscalía del alto tribunal solicitó el sobreseimiento provisional de la causa al considerar que existía falta de pruebas y que los indicios incriminatorios eran "muy débiles".
Al hilo de esa petición, los procesados han exigido la no celebración del juicio y han denunciado presiones por parte del PP. El que fuera presidente del Consejo de Administración de Euskaldunon Egunkaria, Joan Mari Torrealdai, ha manifestado que "los antiguos dirigentes del Gobierno están queriendo hacer cuestión de Estado de este caso y por consejo de nuestros abogados, exigimos que, una vez desechado el impulso político inicial que tuvo el caso, sea tratado por cuestiones jurídicas y no como cuestión de Estado".
Así, Torrealdai ha pedido el archivo del caso y que se les devuelva la libertad "para poder seguir trabajando a favor del euskera y de la cultura vasca". Torrealdai ha portado una pancarta con el lema 'Epaiketarik ez' (Juicio no) junto a los también procesados en el caso Peio Zubiria, Xabier Oleaga, Martxelo Otamendi, e Iñaki Uria.
Según ha explicado, la defensa esperaba la decisión de la Audiencia de abrir o no el sumario para enero pero parece que se va a retrasar.
Por último, ha destacado que han contado con el apoyo de "la sociedad vasca, las instituciones vascas, también voces europeas, e incluso el Congreso de Diputados, y todos los partidos minoritarios, menos PP y PSOE, por supuesto".
Declaración institucional del Gobierno vasco
Precisamente, el Gobierno vasco ha denunciado los cuatro años transcurridos desde el cierre del periódico sin que este caso "injusto" y movido por un "impulso político" haya sido esclarecido. Además, ha señalado que las denuncias de torturas realizadas por el director del diario, Martxelo Otamendi, "siguen sin investigarse".
En una declaración institucional leída por su portavoz, Miren Azkarate, el Ejecutivo destaca que "un medio de comunicación fue cerrado y un grupo de personas puesto bajo sospecha sin que existieran pruebas para tal acusación, tal y como ha dejado claro ahora el Fiscal".
Según Lakua, la clausura del periódico fue una medida "insólita en los países de la Europa democrática y un hecho injusto, que se adoptó por un impulso político en los actos ordinarios de la Administración de Justicia".
El tripartito también lamenta que Martín Ugalde, uno de los procesados por este caso, "pasó sus últimos días enfermo, bajo una acusación de la que no podía defenderse y que murió con sus cuentas embargadas y todavía encausado, para después de muerto, ver levantada su acusación".
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