Comienza el juicio por el macrosumario 18/98

La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional comenzará a juzgar a partir de hoy a 56 miembros de la izquierda abertzale acusados de pertenecer o colaborar con ETA, y de varios delitos fiscales y contra la Seguridad Social.

Entre los procesados están varios de los responsables de los responsables de KAS y Ekin (a los que la acusación considera aparatos políticos del grupo armado) y del aparato internacional, Xaki. También hay miembros de la Fundación Joxemi Zumalabe, a la que el fiscal considera parte del mismo entramado, por su apoyo a distintas iniciativas encaminadas a la desobediencia civil, como la utilización del DNI vasco.

El juicio se se celebrará los lunes, martes y miércoles en el pabellón que la Audiencia Nacional tiene en la Casa de Campo, en Madrid, en sesiones de mañana y tarde los dos primeros días y sólo por la mañana el tercero.

Se trata del proceso más importante entre los impulsados hasta ahora contra lo que la acusación considera el entorno de ETA, no sólo por el número de acusados, sino también por abarcar las principales plataformas de la izquierda abertzale. Fuentes de la Audiencia han señalado que es la vista oral celebrada en el Estado en el que más personas se sentarán en el banquillo.

Las causas contra Batasuna, Gestoras pro Amnistía y Jarrai-Haika-Segi se han investigado en otros procedimientos y se han empezado a juzgar independientemente. De hecho, los responsables de las organizaciones juveniles abertzales ya fueron juzgados en junio por supuesta pertenencia a banda armada; sin embargo, la propia Audiencia Nacinal los absolvió de ese delito, al considerar que se trataba de "organizaciones ilícitas", pero en ningún caso "terroristas".

Por su parte, Gestoras pro Amnistía será juzgada cuando termine el juicio contra Ekin, que se prevé que dure entre cuatro y cinco meses.

El fiscal de la Audiencia Nacional adscrito al caso, Enrique Molina, pide un total de 946 años de prisión para los 56 acusados que se sentarán en el banquillo por el sumario 18/98, compuesto de 600 tomos que suman más de 200.000 folios. Esta causa fue iniciada por el uez Baltasar Garzón con la clausura del diario Egin el 15 de julio de 1998 y en ella se investigaron las supuestas vías de financiación de a través de empresas y sociedades de la izquierda abertzale.

Sin embargo, el único acusado en esta parte del sumario, el director del clausurado Egin y después de la revista Ardi Beltza, Pepe Rei, no será juzgado debido a su delicado estado de salud. En similar situación se encuentra el ex consejero delegado de Orain Ramón Uranga, para quien la acusación pública pensaba solicitar la pena más alta (51 años de prisión), a la que se enfrentará Xabier Alegría, considerado por el fiscal como el enlace de ETA con las distintas organizaciones implicadas en la causa.

Desestabilización social

El fiscal afirma que desde 1995 la estrategia político-militar desarrollada por ETA y KAS se desarrolló en tres aspectos, el político, el económico y el militar. En el ámbito político, KAS supuestamente se ocupó de la "desestabilización social e institucional" a través de organizaciones como Herri Batasuna y de medios de comunicación del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV).

Así, según el fiscal, se encargó a KAS la elaboración de un proyecto de financiación para cubrir gastos de los miembros "liberados\\" de la banda. Se desarrolló entonces el "Proyecto Udaletxe", que utilizó empresas "legales" del MLNV (entre las que sitúa a AEK, HB y Gestoras pro Amnistía, además de varias agencias de viajes y empresas de seguros, entre otras). Esas conclusiones se desprenden del análisis de la documentación intervenida a la cúpula de ETA en Bidar, el 29 de marzo de 1992.

El sistema de financiación de ETA supuestamente también lo componían "empresas menores", como Gadusmar o Ganeko, que servían además para "penetrar en los consejos de administración de otras mercantiles a través de personas afines al MLNV, entre las que estaba Orain y su diario Egin.