Un recorrido de tres meses

La consulta ha sido un argumento político desde mucho tiempo atrás y seguramente lo va a seguir siendo, aunque jurídicamente su recorrido no haya llegado a los 3 meses; los que separan el día de hoy del pleno de finales de junio en el Parlamento vasco.

El 27 de junio, el Parlamento vasco, por un solo voto, 34 frente a 33, dio luz verde a la Ley de Consulta y a las dos preguntas que incluye una sobre el final dialogado de la violencia, una vez que ETA abandone las armas, y la otra sobre la negociación entre partidos políticos vascos sobre el derecho a decidir.

Ese día, el lehendakari abandonó la Cámara satisfecho. "Mucha alegría, pero para la sociedad vasca" dijo Ibarretxe. Ese mismo día, el Gobierno español dijo ya que no porque "su idea divide y no va a salir adelante", en palabras del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

La vicepresidenta, María Teresa Fernández De la Vega afirmó que "el plan volverá al cajón de donde salió". El Gobierno acudió al Constitucional y la impugnó el día que salió, el 15 de julio, y lo mismo hizo el Partido Popular. Los defensores de la consulta popular presentaron días después sus alegaciones. Gobierno y Parlamento vasco, por un lado, y tripartito y Aralar, por otro. El Tribunal no admitió a los partidos en la causa.

Demanda contra España

Transcurrido agosto, solo quedaba conocer la sentencia del Constitucional, que ha sido rápida. Prohibición que el Gobierno vasco ya esperaba, por lo que a primeros de mes, en su primer consejo, anunció una demanda contra España ante el Tribunal de Derechos Humanos de Europa.

"Yo tengo muy claro que voy a presentar una denuncia al Estado español por vulnerar el Convenio europeo de los Derechos humanos y las libertades individuales", dijo el lehendakari.