08/07/2008
Los ministros de Interior de la UE acogieron ayer favorablemente la propuesta francesa de un pacto europeo sobre la inmigración y el asilo, que propugna un modelo de inmigración selectiva, totalmente controlada, y firmeza absoluta con los indocumentados.
En su primer debate sobre la iniciativa francesa, los Veintisiete estuvieron de acuerdo en la necesidad de dotarse de una estrategia común en política migratoria y en condicionar la admisión de inmigrantes a las necesidades del mercado laboral y a la capacidad del país de destino de ofrecerles servicios básicos y protegerlos de la explotación.
El ministro francés de Inmigración, Brice Hortefeux, cuyo país preside este semestre la UE, apuntó que habrá que introducir algunas "mejoras" en el documento, de carácter menor, pero se mostró convencido, vista la respuesta de sus socios, de que los líderes de la UE rubricarán el pacto en el Consejo Europeo de octubre, como deseaba la presidencia francesa.
Sin 'contrato de integración'
Dada la frontal oposición de España, las autoridades francesas ya habían renunciado previamente a incluir en el pacto el denominado "contrato de integración", en el que los inmigrantes se comprometerían a aprender la lengua del país de acogida y a respetar sus leyes.
No obstante, el texto señala que los Estados miembros tendrán que adoptar medidas específicas para facilitar el aprendizaje del idioma y el acceso al empleo a los inmigrantes, como medio de favorecer su integración.
El ministro español, Alfredo Pérez Rubalcaba, hizo hincapié en que la cuestión del idioma "ha pasado de ser una obligación para los inmigrantes -con el contrato- a serlo para los Estados".
Procesos de regularización
En las últimas negociaciones bilaterales, el Gobierno español también consiguió suavizar la alusión a los procesos de regularización. Así, el pacto ya no aboga por prohibir las regularizaciones generales e incondicionales y se limita a señalar que éstas serán "caso por caso y no generales, en el marco de la legislación nacional, por motivos humanitarios o económicos".
Al suprimir las referencias a las regularizaciones masivas, España evita que el texto se interprete como una crítica a la política migratoria aplicada por el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El texto constata que "la UE no tiene los medios de acoger dignamente a todos los inmigrantes que esperan encontrar aquí una vida mejor" y advierte de que "una inmigración mal gestionada puede poner en riesgo la cohesión social del país de destino".
Para evitarlo, cada Estado miembro deberá determinar las condiciones de admisión a su territorio y fijar el número de inmigrantes, es decir, una política de inmigración "selectiva", atendiendo a la situación del mercado de trabajo y a las consecuencias en los demás Estados miembros.
Recomienda concentrarse en trabajadores cualificados y dar prioridad a la inmigración temporal, para evitar la fuga de cerebros.
Respecto a qué hacer con los inmigrantes irregulares que ya están en la UE, el texto es claro: "deben abandonar este territorio".
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