29/01/2008
El fiscal jefe de sala de lo Contencioso Administrativo, Antonio Narvaez Rodríguez, ha presentado hoy ante la sala del 61 del Tribunal Supremo (TS) la demanda elaborada por el Ministerio Público para solicitar la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK-PCTV).
Narvaez Rodríguez ha entregado la demanda en el registro del alto tribunal pasadas las 09:00 horas, han informado fuentes del Tribunal Supremo. También fueron entregados en el Registro del Tribunal Supremo los siete tomos de documentos y otras siete cajas que contienen el informe policial. En los próximos días se prevé la presentación de una demanda similar contra ANV, que cuenta con 437 concejales en diferentes consistorios de Euskal Herria.
La solicitud de ilegalización de EHAK por su presunta vinculación con Batasuna, que ha sido presentada por el trámite de demanda ordinario, va acompañada de la petición de suspensión cautelar de la actividad de esta formación para impedir su presencia en las elecciones del próximo 9 de marzo.
Solicita diversas medidas cautelares
La Fiscalía solicita al Tribunal Supremo la adopción de varias medidas cautelares, entre ellas, la de prohibir la posibilidad de que esta formación presente candidaturas a las elecciones generales del próximo 9 de marzo.
Según ha informado la Fiscalía General del Estado en una nota de prensa, el Ministerio Público también ha pedido a la Sala del 61 del Supremo, como medida cautelar, la suspensión de la actividad política de EHAK-PCTV, el cierre provisional de su sede y demás inmuebles que esté utilizando y el embargo de sus cuentas bancarias y demás activos.
Con intención de probar la subordinación de este partido a ETA o Batasuna, la Fiscalía cita la estrategia adoptada en relación con la futura implantación del tren de alta velocidad, "secundando y haciendo suyas las consignas impartidas por la banda terrorista ETA para impedir que estas infraestructuras lleguen a ser realidad".
El quid de las dos demandas
Las dos demandas (la ya presentada contra EHAK y la que interpondrán contra ANV) se presentarán por la vía del artículo 9 de la Ley de Partidos y alegarán como causa principal la contemplada en el apartado F de dicha disposición como es la "colaboración habitual con organización que de forma sistemática apoya el terrorismo", en referencia a Batasuna. Tras realizar la petición en el Supremo, al día siguiente lo realizarán ante la Audiencia Nacional.
En el caso de EHAK se alega también el abono de las retribuciones de hasta 49 personas vinculadas a Batasuna, entre ellas destacados miembros de la Mesa Nacional, lo que -según el fiscal general- supone una cooperación habitual, además de la cesión del local de este partido en un polígono de Donostia-San Sebastián para reuniones clandestinas de los miembros de esta formación, entre otras.
En cuanto a ANV, además de la cooperación "efectiva y reiterada", se aportará como causa la contemplada en el apartado A del citado artículo, como es el minimizar las acciones de terrorismo y no condenarlas y, en concreto, se citará la intervención de la alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia, a la que la Fiscalía denunció por enaltecimiento del terrorismo por pedir un aplauso para Mattin Sarasola e Igor Portu presuntos autores del atentado de la T-4 y que denunciaron haber sido torturados por la Guardia Civil, y que quedó en libertad sin medidas cautelares tras declarar ante el juez.
Al día siguiente de la presentación de las demandas, el fiscal de la Audiencia Nacional formalizará un escrito ante el juez Baltasar Garzón para pedir la suspensión cautelar de actividades de ambas formaciones sin esperar a la comparecencia fijada por el magistrado para los días 4 y 5 de febrero.
En lo que se refiere a EHAK, se señala que este partido abonaba las retribuciones de hasta 49 personas vinculadas a Batasuna, entre ellos algunos miembros destacados de la Mesa Nacional. Además, añade la cesión del local de que dispone EHAK en Usurbil (Gipuzkoa) para reuniones de miembros de Batasuna.
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