El proceso de ilegalización se ha acelerado con el comienzo de año

La posibilidad de suspender las actividades de ANV y EHAK ha cobrado fuerza estos dos últimos meses. Sin embargo, las peticiones de ilegalización por parte del sindicato ultraderechista Dignidad y Justicia y la AVT y los "recelos" del Gobierno español comenzaron en abril y junio, respectivamente.

AVT y Dignidad y Justicia solicitaron hasta en dos ocasiones la suspensión de actividades de ambas formaciones, a lo que Baltasar Garzón se negó. En abril, el juez de la Audiencia Nacional desechó esa opción alegando que no constaba ninguna vinculación de ANV ni con ETA ni con Batasuna. En junio, el juez rechazó una segunda querella con los mismos argumentos.

Previamente, las fuerzas de seguridad del Estado aseguraron que "no existían conexiones relevantes" entre ANV y Batasuna.

Sin embargo, la no condena por parte de Acción Nacionalista Vasca y EHAK de los atentados de ETA (sobre todo a raíz del atentado contra el cuartel de la Guardia Civil en Durango), puso al Gobierno español en actitud "vigilante", tal y como aseguró en junio el ministro de Justicia, que, no obstante, aseguró que no condenar la violencia, "no es un dato sobre el que se pueda fundamentar la ilegalización".

Ya en agosto, la Fiscalía pidió informes a la Policía sobre ANV. Sin embargo, en diciembre, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, seguía sosteniendo que "la no condena de ANV no es bastante para actuar" contra la formación.

Con el comienzo de año, el proceso se ha precipitado y ayer el juez, Baltasar Garzón, levantó el secreto de sumario sobre los sumarios de Batasuna, ANV y EHAK y convocó a las partes para una vista en la que se tratará el asunto de la suspensión de actividades. Hoy, el ministro de Justicia ha anunciado que el proceso de ilegalización se iniciará el viernes.