03/04/2007
La Fiscalía y la Abogacía del Estado han interpuesto ante el Tribunal Supremo sus respectivas demandas de ilegalización contra el partido Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB), cuya inscripción en el registro de partidos fue solicitada el pasado día 26 de marzo por la dirigente de Batasuna Marije Fullaondo.
Mientras que el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, se personaba en el Tribunal Supremo pasadas las 10:30 horas de hoy para interponer su respectiva demanda de ilegalización en el registro, el teniente fiscal del alto tribunal y encargado de coordinar las labores de la Fiscalía en lo relativo a la aplicación de la ley de partidos, Juan José Martín Casallo, lo hacía a las 11:00 horas.
La demanda de la Abogacía del Estado, de 24 páginas, y la de la Fiscalía, de 14, pretenden que la Sala del 61 del Tribunal Supremo declare la ilegalización de ASB, primer partido sobre el que se pronunciará la Sala Especial desde la ilegalización de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna en marzo de 2003.
Cuatro motivos
La Abogacía del Estado y la Fiscalía coinciden en basar sus respectivas demandas contra Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB), para impedir que sea registrado como partido político al ser sucesor y continuador de Batasuna, en cuatro puntos concretos: la utilización de la misma palabra en el nombre, formar parte sus promotores de la Mesa Nacional de la formación ilegalizada e incluso estar alguno de ellos imputado por integración en ETA, así como compartir la estructura organizativa.
En la rueda de prensa en la que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha presentado la demanda de ejecución de sentencia de la Fiscalía, redactada por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo, y la Secretaría Técnica, ha afirmado que existen "pruebas manifiestas de que no es una fuerza política nueva que venga a dar un cauce pacífico de participación" a la izquierda abertzale, "sino que sencillamente es la misma fuerza política, a la que se pretende dar un pequeño barniz" para burlar la ilegalización.
En primer lugar, se ha apreciado que, "desde su encabezamiento", ASB es "manifiestamente ilegal", ya que la utilización del término Batasuna contraviene la Ley de Partidos, que "impide reutilizar los nombres de las formaciones ilegalizadas".
Como segundo pilar de la demanda, ha proseguido Conde-Pumpido, "se encuentra el indicio relativo a los promotores", que "son tres personas, de las cuales, al menos dos, pertenecen a la Mesa Nacional de HB", Joana Regueiro y Marije Fullaondo.
En tercer lugar, ha manifestado, "nos encontramos" con un intento de"trasplantar" los órganos del partido ilegal a la nueva fuerza política "de una manera tan mimética que, incluso, su órgano principal de dirección se denomina Mesa Nacional" y cuenta con 35 miembros que "son los mismos" que tiene la Mesa Nacional de Batasuna.
Como cuarto pilar de la demanda, ha recordado que "la ley pide a los tribunales que valoren cualquier indicio de proximidad a la lucha armada, a la violencia, y resulta que la promotora principal, María Jesús Fullaondo", se encuentra imputada por integración en banda armada.
En este sentido, la demanda de la Abogacía del Estado, presentada en el Tribunal Supremo por el propio abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, explica que "pretende impedir que se constituya un nuevo partido político con la denominación Abertzale Sozialisten Batasuna", porque "sucede y continúa a los partidos políticos Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok que fueron ilegalizados, disueltos y se encuentran actualmente en liquidación" desde del 27 de marzo de 2003.
Diez días para presentar las alegaciones
Ante ambas demandas, según el fiscal general del Estado, el Tribunal Supremo ha iniciado hoy "los trámites de ejecución de sentencia", por lo que ha dado un plazo de diez días a los promotores del partido para que realicen las alegaciones oportunas, a través de un auto tramitado con urgencia remitido al País Vasco.
Después se celebrará una comparecencia y la Sala del 61 se pronunciará sobre la prueba documental aportada. El plazo de presentación de candidaturas comienza el próximo día 18, por lo que la Sala Especial debería pronunciarse antes.
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