18/06/2008
El Parlamento Europeo (PE) ha aprobado hoy sin cambios una de las medidas más polémicas de los últimos tiempos, la que prevé periodos de detenciones para inmigrantes sin papeles de hasta 18 meses antes de ser expulsados.
El Consejo de Europa, Gobiernos de África y America Latina y decenas de artistas e intelectuales europeos han firmado un manifiesto en contra de esta medida.
El texto ha recibido 367 votos a favor, 206 en contra y 109 abstenciones, y ha salido adelante gracias al respaldo del Partido Popular Europeo, incluida la delegación española, los liberales y la derecha nacionalista, que no han aceptado ninguna de las enmiendas planteadas por los grupos de izquierda.
La norma comunitaria, que ya ha recibido el visto bueno de los Gobiernos de los 27 países de la UE, entrará en vigor dos años después de su publicación oficial.
¿Qué establece la directiva?
El compromiso de los países respaldado por el Parlamento Europeo establece un período de retorno voluntario para los inmigrantes sin papeles de entre 7 y 30 días.
También prevé que puedan ser internados un máximo de 6 meses antes de su expulsión, período que puede extenderse por otros 12 en los casos en que no coopere en su identificación o haya problemas para obtener la documentación de países terceros.
Nueve países -Gran Bretaña, Suecia, Grecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Irlanda, Malta y Holanda- no tienen hoy en día ningún período máximo de retención de los indocumentados, por lo que éstos pueden estar internados de forma indefinida.
Además, la directiva establece para los expulsados una prohibición de retorno a la UE de hasta cinco años, independientemente de si en territorio europeo han cometido un delito o no.
En cuanto a los menores no acompañados, se acepta la posibilidad de que puedan ser devueltos a tutores que no sean familiares directos o a instituciones adecuadas de su país. De todos modos, ONGs como Amnistía Internacional consideran que las garantías no son suficientes.
Mientras, la asistencia jurídica será gratuita según estipulen las leyes nacionales, y la ayuda gratuita en las apelaciones a las decisiones de expulsión solo se dará cuando haya posibilidades reales de éxito y tendría límites de tiempo y de cantidad económica.
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